En un sistema político como el que rige en España cualquier cosa es posible, cualquier cosa que los partidos políticos mayoritarios y el sistema electoral del que se han dotado quieran.
Supongamos que un grupo de ciudadanos (no olvidar que son personas), inician una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para solicitar un referéndum a nivel nacional sobre el rescate que, según algunos políticos, necesita el país para salir de la crisis. Este rescate esta suponiendo una serie de ajustes presupuestarios, recortes abusivos en el denominado estado del bienestar, que el partido en el poder (PP) esta llevando a cabo sin que estuvieran reflejados en su programa electoral, por lo tanto esta gobernando gracias a que ha mentido, esto es: ha incumplido la gran mayoría de sus promesas electorales, y lo ha hecho con el único fin de alcanzar el poder y beneficiar a los culpables de la crisis: bancos, grupos financieros, grandes empresas, gobiernos autonómicos corruptos..., bueno, en realidad no es para beneficiar a estas "instituciones", sino a los directivos y políticos que las dirigen o dirigían. Bien, para llevar a la practica dicha ILP a nivel nacional, es necesario reunir 500.000 firmas con nombres y apellidos, así como los DNI (documento nacional de identidad) de cada una de esas personas. Ese ingente cúmulo de datos se presenta en el Parlamento y éste decide si lo tramita o no. Supongamos que se tramita y que el Parlamento decide que si, que se acepta hacer un referéndum y preguntar a los ciudadanos la conveniencia o no del rescate. Supongamos que gana la opción de que no es necesario el rescate. Da igual, ni el Parlamento ni el gobierno tienen la obligación de aceptar los resultados porque en España el resultado de un referéndum no es vinculante, de ningún referéndum.
Como se puede observar con el ejemplo anterior la democracia española es bastante imperfecta, eso por no hablar de listas abiertas, algo inexistente y que los partidos políticos no ven con buenos ojos con excusas peregrinas como el tamaño de las circunscripciones, alegando que en España son muy grandes. Lo cierto es que los políticos españoles tratan a sus conciudadanos como menores de edad; como personas incapaces de tener juicio propio y tomar decisiones acertadas en aquello que les afecta directamente. Es un sistema político que se parece a la democracia, que tiene cierto aire democrático, pero en el que los ciudadanos tienen escaso poder de decisión en la practica. Es un sistema que fomenta la corrupción, algo que a estas alturas es evidente y necesario recordar ya que las corruptelas de una minoría, aquí y allá (entiéndase por allá lo que hay fuera de la frontera española), las pagamos la mayoría, allá y aquí.
